En el contexto inmobiliario chileno, la Ley N°21.461, conocida como «Devuélveme mi casa», ha surgido como un recurso fundamental para los propietarios que enfrentan dificultades al intentar recuperar sus propiedades arrendadas. En vigencia desde el 30 de junio de 2022, esta ley busca establecer un equilibrio en la relación entre arrendadores y arrendatarios, proporcionando herramientas legales claras y eficientes para proteger los derechos de los propietarios de inmuebles.
Para los propietarios de viviendas, esta legislación ofrece una serie de beneficios significativos:
- Procedimiento expedito: Se simplifica y agiliza el proceso para recuperar el inmueble, con plazos reducidos para obtener una resolución favorable. El juicio se resolverá en un máximo de 60 días corridos desde la presentación de la demanda.
- Restitución anticipada del inmueble: En casos de destrucción parcial o inutilización del inmueble por parte del arrendatario, se puede solicitar al juez la restitución anticipada del mismo y el desalojo del arrendatario, incluso con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Esta medida es posible dentro de los 10 días hábiles posteriores al conocimiento del hecho.
- Reducción de costos: Los costos asociados al procedimiento judicial se han reducido considerablemente, lo que facilita el acceso a la justicia.
- Compensación por daños y perjuicios: Existe la posibilidad de solicitar al juez una compensación económica por los daños ocasionados a la propiedad por parte del arrendatario.
Para iniciar el proceso de desalojo de un arrendatario mediante una demanda en el juzgado, es necesario seguir estos pasos:
- Tener la calidad de arrendador: Ser propietario del inmueble o contar con un título válido que permita ejercer los derechos de arrendamiento.
- Presentar una demanda ante el tribunal competente: La demanda debe ser presentada ante el tribunal de primera instancia del lugar donde se encuentra la propiedad.
- Adjuntar documentos que acrediten la ocupación ilegal o el arrendamiento moroso: Incluyendo el contrato de arrendamiento, comprobantes de pago o informes periciales que respalden los daños causados al inmueble.
Es fundamental contar con asesoramiento legal para garantizar que todos los pasos se realicen conforme a la ley. Con la documentación adecuada y el respaldo legal, el proceso de desalojo se vuelve más sólido y efectivo.
